La econom

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  • La economía sumergida alcanza el 28% del PIB en España.
  • Supone para el trabajador carecer de coberturas en caso de accidente, por ejemplo.
  • Repercute negativamente también en la recaudación de impuestos.  

España es el país del Sur Europa con mayor economía sumergida, hasta alcanzar el 28% del PIB en 2013, según un estudio realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga y el economista e inspector de Hacienda del Estado Domingo Carbajo.

Pero, ¿qué es la economía sumergida? Se puede entender como un intercambio de bienes y servicios que no está controlado fiscalmente y se registra, en mayor o menor medida, en casi todos los países del mundo. El porcentaje de ciudadanos que obtiene ingresos en "dinero negro" ha aumentado con la crisis, no solo mediante relaciones laborales, sino también en la compraventa de bienes como la vivienda.

Aunque para un gran número de trabajadores sea la única manera de encontrar un empleo con el que obtener ingresos para llegar a fin de mes, como se detalla en este artículo de , la economía sumergida provoca unos efectos negativos directos tanto en los trabajadores como en las empresas y en la sociedad en general.

Consecuencias para los trabajadores

Aunque en España el trabajo no declarado ha sido frecuente, la crisis ha favorecido que cada vez más personas recurran a la economía sumergida para ganar un salario. A menudo, es el único dinero que entra en casa o el complemento de sueldos y subsidios de escasa cuantía.

Sin embargo, a largo plazo, supone el acceso a un círculo vicioso que conlleva una precarización de la vida laboral y personal, además de un aumento de los índices de pobreza.

Trabajar sin contrato genera una gran desprotección en todos los ámbitos: social, médico, económico o laboral. El hecho de tener un accidente que impida al empleado desempeñar su labor le condena a pasar un tiempo sin percibir ningún tipo de ingreso por baja, al carecer de coberturas ante un siniestro.

Si falleciera sin haber cotizado a la Seguridad Social el tiempo establecido, su cónyuge tampoco tendría una pensión de viudedad. Y en caso de despido, el empleado tampoco tiene por qué percibir una indemnización del empresario, ya que no está contratado de manera legal.

Otro de los inconvenientes con el que se encuentran quienes, aunque han trabajado, no han cotizado a la Seguridad Social es que no tienen derecho a cobrar una prestación o subsidio por desempleo. Si el trabajador tiene contrato pero ha cobrado "en negro" una parte de sus horas, estas tampoco se computan para conseguir una cantidad más elevada de paro.

De la misma manera, si en una inspección laboral se descubren trabajos no declarados, es posible una sanción y la retirada de la prestación o el subsidio que se perciba.

Deterioro de las condiciones laborales

Los efectos negativos de la economía sumergida también se notan al cobrar la pensión por jubilación. Quienes hayan cotizado menos tiempo del estipulado no tendrán derecho a recibir esta renta, que disminuirá para quienes hayan realizado trabajos de espaldas a la normativa durante periodos largos.

La persona que haya cotizado por media jornada -aunque hiciera la jornada completa-, o quien haya sido contratado con una categoría inferior a la que después desempeñara, también se verá perjudicado de manera grave.

Un empleado sin contrato sufre un grave deterioro en sus condiciones laborales al carecer de los mínimos derechos, como seguridad, vacaciones u horario.

Esta situación redunda en la dificultad de conseguir un trabajo legal, porque es frecuente que la propia vida laboral permita cambiar a un empleo mejor. Sin un currículum que acredite la experiencia es más difícil dar el salto.

Cuando el nuevo trabajo es en la Administración pública, por medio de concursos o bolsas de empleo, la situación es más complicada. De igual manera, la formación que reciben los trabajadores a través de las organizaciones sindicales o empresariales solo está al alcance de los empleados legales.

Cómo influye en las empresas

Con frecuencia, quienes contratan a personas "sin papeles" se benefician de un trabajo cualificado y muy pocos gastos, porque se ahorran todos los costes que suponen las cotizaciones que deberían pagar cada mes por las personas que les prestan sus servicios.

Sin embargo, las empresas también son imagen de cara al exterior, y la proyectada por quienes no cumplen con sus obligaciones legales no es buena.

El prestigio es uno de los aspectos que impulsa el crecimiento de los negocios, y con la explotación laboral se consigue dinero, pero no una buena reputación. Las compañías que despojan de sus derechos a los trabajadores pueden ser descubiertas en las inspecciones laborales y fiscales. Cuando esto ocurre, se les imponen graves sanciones.

Las empresas que operan de esta manera tienen mayores dificultades para consolidarse en el mercado y pervivir a lo largo del tiempo. Otro de los efectos negativos para los negocios defraudadores es su dificultad para acceder a subvenciones públicas u otro tipo de inversiones, ya que para ello tienen que aportar una documentación que podría desenmascararles.

En el otro extremo destacan las compañías que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y con los trabajadores, las más perjudicadas por quienes operan en la economía sumergida.

Además de sufrir una competencia desleal (pueden hacer el trabajo más barato al no cobrar el IVA o no pagar la Seguridad Social de sus empleados), crece la carga fiscal a la que deben hacer frente los negocios legales.

Consecuencias para el consumidor y para la sociedad

Los efectos que para la sociedad en general tiene la economía sumergida son también muy negativos. Una de las consecuencias es la reducción de los impuestos recaudados. Si un empresario no da de alta al trabajador o este cotiza por un número de horas menor y cobra una cantidad "en negro", deja de pagar un porcentaje que permite el sostenimiento del Estado del bienestar.

Todo ello repercute de manera negativa en la posibilidad de realizar infraestructuras, dar servicios o pagar subsidios.

La economía sumergida no contribuye a sostener los gastos, pero estos trabajadores sí disfrutan de los servicios que ofrece el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local: acuden a la sanidad pública, transitan por las carreteras, asisten a colegios y bibliotecas.Restan calidad de vida a quienes contribuyen a mantener estos servicios e incluso les quitan la posibilidad de acceder a ellos.

Esto supone una desincentivación de los comportamientos responsables. Las personas y empresas que actúan de manera adecuada, pagan el IVA de sus productos y cotizan a la Seguridad Social en sus trabajos pueden plantearse proceder de igual modo.

Todo ello es, a su vez, una distorsión de los índices macroeconómicos y de las políticas sociales y económicas que se basan en ellos. Las tasas de desempleo o los accidentes laborales no son reales porque, al no tener en cuenta el trabajo realizado en la economía sumergida, no es posible cuantificar qué sucede de verdad.

El riesgo de pobreza extrema es mayor también en los países donde abunda el empleo en precario. Al no tener ningún respaldo del sistema (en forma de subsidios de desempleo, pensiones por jubilación o viudedad, bajas laborales, etc.), la persona, ante un largo periodo sin trabajo, puede verse abocado a la exclusión social.








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